PARADISE PAPERS: LA OTRA MIRADA – Por: Martin Litwak

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Introducción

Existe desafortunadamente mucha confusión acerca de para qué se utilizan las jurisdicciones offshore y también hay muchísimos prejuicios al respecto.

Las constantes presiones por parte de organismos multilaterales controlados por países de alta tributación, tales como la OCDE y el G-20, así como las filtraciones de información confidencial cada vez más frecuentes, tampoco ayudan.

En ese contexto, los principales objetivos de esta columna son tres:

 

  1. Explicar esta nueva filtración de información robada llevada a cabo por ICIJ ( International Consortium of Investigative Journalists) y conocida como “Paradise Papers”;

 

  1. Desasnar al lector acerca del origen y los verdaderos usos de las jurisdicciones offshore;

 

  1. Rebatir los principales argumentos de los detractores de este tipo de jurisdicciones.

 

¿En qué consiste esta nueva filtración?

Desde hace tiempo sabíamos que ICIJ – consorcio de periodistas responsable, en su momento, de la publicación de información confidencial robada a Mossak Fonseca que trascendió en los medios como “Panama Papers” – había adquirido una nueva base de datos.

Sabíamos también que la misma incluía millones de documentos pertenecientes a clientes de Appleby, una prestigiosa firma de abogados con oficinas en múltiples jurisdicciones offshore y que, por ende, los mismos estaban protegidos por el secreto profesional.

Desde las primeras publicaciones realizadas por periodistas de ICIJ en diferentes medios del mundo sabemos que dicha base de datos incluiría más de 7 millones de documentos (incluyendo emails, documentos corporativos, estados de cuenta y contratos) correspondientes al periodo 1950-2016 y que, entre las personas involucradas, aparecen políticos de renombre, artistas, empresarios de primera línea y hasta la realeza inglesa.

No les vamos a dar el gusto de difundir y seguir ensuciando injustamente los nombres de estas personas que, en principio, no cometieron delito alguno.

Conclusiones preliminares

Más allá de que llevará algún tiempo revisar la documentación filtrada con la profundidad que dicho estudio merece, hay algunas conclusiones que pueden extraerse:

  1. Los únicos delitos que se han cometido hasta el momento serian: (a) el robo de información y documentación que sufrió Appleby y (b) la publicación de información que se sabe robada (en muchos países esto es un delito y en Argentina hay precedentes judiciales en tal sentido). Eventualmente, la firma de abogados víctima del robo podrá tener responsabilidad con sus clientes por la forma en que conservó y protegió información y documentación privada.
  2. Con relación a los clientes de Appleby, no puede decirse que hayan cometido delito alguno ya que el uso de jurisdicciones offshore no es en si mismo un delito.

 

Origen y utilización de las “Jurisdicciones Offshore

A diferencia de lo que puede pensarse, los “paraísos fiscales” no surgieron para permitir la elusión o evasión de impuestos ni mucho menos, sino como un refugio frente al nazismo en tiempos de la segunda guerra mundial.

Es que, por entonces, cada vez que ejército alemán ocupaba un país, procedía a nacionalizar las principales empresas activas en sectores estratégicos de la economía (petróleo, armas, automóviles, etc.).

La forma que varias empresas que tenían su casa matriz en Holanda encontraron para evitar jurídicamente que esto pasara, fue trasladar sus sedes sociales a las Antillas Holandesas, unas islas ubicadas en el Caribe que por entonces pertenecían a la Corona holandesa.

Se trataba de compañías que no tenían nada que ocultar y que simplemente buscaban escapar a la creciente inseguridad jurídica que reinaba allí donde estaba su casa matriz. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Shell, que trasladó su sede social a Curaçao en 1940.

Hoy en día, puede verse algo similar a esto en las miles de empresas con sede social en Cataluña que se han mudado a partir del referéndum del 1 de Octubre.

Por más que los amigos de ICIJ quieran maliciosamente vincular el origen de los paraísos fiscales a millonarios tratando de evadir impuestos o criminales buscando donde financiar sus actividades delictivas, este – y no otro – ha sido el origen de las primeras jurisdicciones offshore.

Más aún, la búsqueda de un mayor grado de seguridad jurídica sigue siendo hoy en día la principal motivación de empresas y personas que buscan estructurar sus negocios y/o patrimonios a través de jurisdicciones offshore. Por lejos.

Además de seguridad jurídica, quienes deciden utilizar una jurisdicción offshore suelen buscar los siguientes objetivos:

  1. Invertir dinero fuera de su país de origen estructuras legales impositivamente neutras;
  2. Lograr un grado de privacidad mayor al que permiten las leyes locales;
  3. Levantar dinero de varios inversores para llevar adelante una inversión colectiva a través de un fondo de inversión o de un fideicomiso financiero;
  4. Participar en un joint venture u otro tipo de negocios societarios con socios extranjeros;
  5. Lograr diferimiento impositivo y/o;
  6. Organizar su sucesión de una manera más eficiente.

Todos estos usos son 100% legales, más allá de lo que los periodistas de ICIJ o los países de alta tributación puedan opinar.

 

¿Qué se puede decir sobre las críticas que reciben a diario los paraísos fiscales de parte de sus detractores?

 

En realidad, las críticas que se suelen hacer a las jurisdicciones offshore son muy fácilmente rebatibles.

 

  1. Pese a que se sostiene casi sin profundizar que las jurisdicciones offshore facilitan el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, la historia muestra que los mayores casos de financiamiento de actividades terroristas (tal cual sucedió por ejemplo con el atentado a las Torres Gemelas), parten de bancos onshore y que la mayor estafa de todos los tiempos, perpetrada por Bernie Madoff en 2008, fue planificada y ejecutada en forma total en los Estados Unidos. Respecto de los hechos de corrupción que tanto daño hacen (Odebrecht, etc.), las coimas y sobreprecios que se pagaron tampoco fueron canalizados offshore.

 

  1. Otro aspecto muy criticado es que permiten el ocultamiento del “verdadero dueño” de los activos, ya sea a través de acciones al portador, la estructuración de trusts o directamente de prestanombres. Si bien con los sistemas de intercambio de información financiera que existen en la actualidad (básicamente FATCA y CRS) esto es virtualmente imposible, este “ocultamiento”, el mismo no es malo per se, porque mientras se trate de activos adquiridos en forma lícita y se paguen los impuestos a que hubiera lugar, no hay ninguna razón legal de peso que obliga a una persona a exteriorizar qué activos le pertenecen. El derecho a la privacidad, derecho básico de todo ser humano y consagrado en casi todos los textos constitucionales del mundo, protege justamente esto.

 

 

  1. Se ha repetido también hasta el cansancio que los centros offshore favorecen la evasión fiscal, cuando lo que en realidad sucede es que estas jurisdicciones funcionan como “plataformas neutras” en materia impositiva, es decir que no agregan un nuevo impuesto una vez que se ha pagado el impuesto que corresponde pagar donde se registraron las ganancias. En otras palabras, utilizar una sociedad offshore como holding para una actividad comercial determinada no genera ahorro impositivo alguno, sino que evita que, pagado ya el impuesto en aquel país en el cual se desarrolla la actividad empresarial de que se trata, haya que tributar nuevamente en la jurisdicción offshore que se ha elegido utilizar.

 

No hay intrínsecamente nada malo en las sociedades offshore ni nada que las haga ilegales o las transforme en vehículos diseñados para cometer delitos. Dicho de otro modo, las sociedades offshore sirven exactamente para lo mismo que las demás sociedades incorporadas en cualquier país del mundo: para desarrollar actividades comerciales.

Lo que sí es ilegal es usar sociedades – offshore u onshore – para cometer delitos.

 

Martin Litwak (@MartinLitwak) es fundador y socio principal de la firma @LitwakPartners, una boutique de servicios legales especializada en fondos de inversión, finanzas corporativas, planificación patrimonial internacional, intercambio de información y amnistías fiscales.

 

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